El Ministerio de Interior corre riesgos innecesarios

A continuación, cuelgo el reportaje publicado en el diario Público el pasado jueves sobre la privatización del servicio de traducción por parte del Ministerio de Interior:

Interior emplea traductores sin garantías en sus investigaciones Recelos ante la falta de control de la empresa encargada de interpretar las escuchas telefónicas MAGDA BANDERA – Madrid – 04/06/2008 05:00 Tienen miedo. Los intérpretes que llevan años trabajando para la Policía traduciendo las escuchas telefónicas a algunos de los delincuentes más peligrosos del país comparten sala desde el 1 de mayo con traductores enviados por una empresa privada. La Dirección General de la Policía (DGP) ha subcontratado a Seprotec “el servicio de interpretación de declaraciones orales, traducciones escritas, escuchas telefónicas y transcripciones de cintas de audio”. “Algunos llevamos mucho tiempo siguiendo a narcotraficantes y a capos de bandas peligrosas a los que les encantaría conocer nuestra identidad. Ahora, de repente, nos sentamos codo con codo con personas eventuales a las que no conocemos, que acceden a las instalaciones de la Policía Judicial para hacer escuchas muy sensibles y que ven nuestros sistemas de comunicaciones y nuestros ordenadores. Eso no es sólo un problema de seguridad para nosotros, sino para todo el Estado”, explica Irene, nombre ficticio de una traductora de la plantilla del Ministerio de Interior.

Antecedentes policiales La falta de filtros de la empresa adjudicataria del servicio de traducción se hizo evidente el mismo día en que comenzaba la subcontrata. La Sección Sindical Estatal de Interior de CCOO ha denunciado que dos intérpretes enviados por Seprotec al aeropuerto de Barajas requeridos por la Policía Nacional no han podido realizar el servicio: “Uno de ellos se presentó con documentación falsa. El segundo tiene antecedentes policiales”. La Policía sólo ha confirmado a Público el primer caso. Se trataba de un paquistaní que debía traducir las declaraciones de un portugués. Tampoco contaba con la titulación de traductor. “Seprotec está enviando a camareros sin preparación a comisarías y juzgados. Y les paga 10 euros por hora, a pesar de cobrar 45 de Interior por cada servicio”, explica Gabriel Pérez Castillo, secretario general del Sector de Justicia en CSIT Unión Profesional. Este diario ha comprobado que Seprotec no exige titulación a sus trabajadores, sino que se limita a tener un porcentaje de titulados entre su plantilla, tal y como se exige para optar a la contrata. Para el resto, es suficiente con tener el título de ESO. Así lo indica en anuncios publicados en Infojobs, en los que busca “intérpretes de todos los idiomas para prestar servicios en organismos policiales”. Entre sus labores, “interpretar simultáneamente lo que otra persona dice en un idioma que no es castellano; efectuar escuchas telefónicas”… El salario: 12 euros brutos la hora. La oferta laboral más inquietante es la que el pasado viernes pedía un becario para “gestionar la documentación derivada de los servicios de intérpretes (certificados, documentación personal)”. El encargado de esta base de datos cobrará 300 euros brutos al mes por cinco horas diarias. Al intentar entrevistar a algún responsable de Seprotec, la empresa se ha excusado diciendo que esta semana se encontraban “inmersos en una auditoría”. Desde que CCOO denunciara las irregularidades ocurridas en Barajas, el Ministerio del Interior y la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid —que subcontrató a Seprotec en 2007— le han solicitado sendos informes. “Interior nos tranquiliza alegando que para las escuchas a terroristas recurre a los 300 traductores que quedamos en plantilla para toda España. Pero las redes de narcotráfico y las de terrorismo están a menudo relacionadas y, a veces, al hacer una escucha para la Policía Judicial ves conexiones”, argumenta Irene. Para esa tarea se necesitan profesionales con un código deontólogico, recuerda una de sus compañeras. Este diario ha preguntado al Ministerio acerca de la presunta falta de control de los traductores. Las fuentes consultadas se han limitado a confirmar que se ha abierto un expediente a Seprotec.

“El ministerio ha contratado una oferta temeraria” Entrevista a César Pérez, portavoz de la Sección Sindical de Interior de CCOO MAGDA BANDERA – Madrid – 04/06/2008 23:19 ¿Qué riesgos entraña externalizar el servicio de escuchas telefónicas? Antes la Policía contaba con traductores a los que empleaba según sus necesidades sin tenerlos en nómina. Eran buenos profesionales y, sobre todo, gente de confianza, a la que había investigado previamente. Desde que Interior subcontrató a Seprotec, la Policía ya no puede llamarles. A algunos les ha ofrecido trabajar a través de esta empresa, pero lo evitan si pueden. No se sienten protegidos y además han visto reducidos sus honorarios de 60 a 10 euros la hora. ¿Los traductores que envía Seprotec también han sido investigados? No hay manera de saber quiénes son. La Policía no está pidiendo ningún requisito de este tipo a la empresa subcontratada. Lo que está claro es que pagando 10 euros por hora es difícil asegurar el nivel de profesionalidad deseable. ¿Cuáles son los principales temores de los traductores que ya trabajaban para Interior? Por un lado, no saben quién se sienta a su lado a hacer una escucha telefónica. Un temor que se ha confirmado a raíz de saber que esta empresa ha enviado a traductores con antecedentes policiales e identificación falsa para realizar el servicio. Y, por otro, tampoco tienen la seguridad de que Seprotec no vaya a vender sus datos personales. No hay ninguna cláusula al respecto en el contrato. ¿Por qué se decidió privatizar el servicio? Para reducir gastos. Pero no se pueden dejar cuestiones que afectan a la seguridad del Estado y sus ciudadanos en manos de una empresa privada, movida únicamente por el afán de lucro. Seprotec es la opción más barata, pero ya se sabe que bajar tanto los precios es peligroso y puede tratarse de una oferta temeraria. ¿Cuánto le cuesta a Interior el servicio de traducción contratado? El Ministerio ha pagado 2.600.000 euros por 14 meses de servicio. Con ese dinero se podría reforzar la plantilla de empleados públicos que podrían llevar a cabo las tareas de traducción con total garantía. Ahora mismo sólo hay 300 para toda España, una cantidad mínima. Incomprensiblemente, ninguno de ellos está contratado para traducir del urdu, del rumano ni de idiomas balcánicos, aunque algunos de ellos conozcan estas lenguas y hagan traducciones esporádicas en caso de necesidad.